EL DESPACHO
Un despacho que conoce la Administración desde dentro
La defensa en delitos contra la Administración Pública exige dominar dos derechos a la vez: el penal, que decide sobre la libertad y la inhabilitación, y el administrativo, donde nacen los hechos. La mayoría de estos procedimientos se juega en el expediente: cómo se tramitó, qué informes lo sustentan, qué margen de discrecionalidad existía y quién tenía la competencia para decidir.
El titular del despacho es funcionario de carrera del Estado en excedencia y ha desempeñado responsabilidades públicas como Alcalde de Majadahonda y Director General en la Comunidad de Madrid. Sabe cómo se adoptan las decisiones administrativas, cómo se tramitan los expedientes y dónde se sitúa la frontera entre la irregularidad administrativa y el ilícito penal, porque ha estado en ambos lados de la mesa.
No toda irregularidad administrativa es delito. La prevaricación exige una resolución arbitraria dictada a sabiendas de su injusticia; el reproche penal no puede sustituir al control contencioso-administrativo. Demostrar que el conflicto pertenece al ámbito administrativo es, con frecuencia, la línea de defensa más eficaz.
Defendemos a funcionarios, autoridades y responsables políticos, y también a técnicos, empleados públicos y particulares vinculados a la gestión administrativa. Cuando concurren los presupuestos jurídicos, asumimos la acusación. En procedimientos con repercusión pública contamos con colaboradores especializados en comunicación y gestión de crisis reputacional.
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Delitos en los que intervenimos
Prevaricación administrativa
Resoluciones presuntamente arbitrarias dictadas por autoridad o funcionario (art. 404 CP). La defensa se juega en el expediente: legalidad, informes y margen de discrecionalidad.
Desobediencia y abandono de destino
Negativa al cumplimiento de resoluciones judiciales u órdenes superiores y abandono del servicio (arts. 407-412 CP).
Infidelidad en la custodia de documentos
Destrucción, alteración o acceso indebido a documentos oficiales e información reservada (arts. 413-418 CP).
Revelación de secretos
Interceptar comunicaciones o difundir imágenes íntimas (art. 197 CP).
Cohecho
Solicitud, aceptación u ofrecimiento de dádivas en el ejercicio del cargo (arts. 419-427 bis CP). Defensa de funcionarios y de particulares y empresas.
Tráfico de influencias
Aprovechamiento de la posición o de relaciones institucionales para obtener resoluciones favorables (arts. 428-430 CP). Frontera con la gestión legítima de intereses.
Malversación
Desviación o gestión indebida de fondos públicos (arts. 432 y ss. CP). Tras la LO 14/2022, la calificación depende del destino de los fondos y del ánimo de lucro.
Fraudes y exacciones ilegales
Concertación para defraudar en la contratación pública, adjudicaciones y liquidaciones administrativas (arts. 436-438 CP).
Negociaciones prohibidas a funcionarios
Incompatibilidades y conflictos de interés de autoridades y empleados públicos (arts. 439-441 CP).
Garantías constitucionales
Abusos de funcionarios contra derechos fundamentales (arts. 529-542 CP).
Delitos contra la ordenación del territorio
Licencias, planeamiento y construcciones en suelo no urbanizable (arts. 319-320 CP). Prevaricación urbanística de autoridades y técnicos; riesgo de demolición.
Patrimonio histórico
Derribo o daños a edificios protegidos y bienes culturales (arts. 321-324 CP).
Delitos contra el medio ambiente
Vertidos, emisiones, gestión de residuos y prevaricación medioambiental (arts. 325-331 CP). Defensa con base pericial técnica.
Flora y fauna
Daños a especies protegidas y tráfico de especies amenazadas (arts. 332-337 CP).
Maltrato animal
Maltratar a un animal causándole lesiones o la muerte (art. 340 bis CP).
MÉTODO
Cómo trabajamos un asunto de gestión pública
Análisis del expediente
La defensa comienza donde nacieron los hechos: normativa aplicable, competencia del órgano, informes jurídicos y técnicos, margen de discrecionalidad.
Estrategia
Delimitación entre irregularidad administrativa e ilícito penal, calificación alternativa, preparación de la declaración y de la prueba pericial.
Defensa técnica
Intervención activa en instrucción y juicio oral: declaraciones, práctica de diligencias, pericial técnica y urbanística, impugnación de medidas cautelares.
Recursos y ejecución
Apelación, casación ante el Tribunal Supremo y amparo constitucional. Defensa frente a la inhabilitación y sus efectos sobre la carrera del funcionario.
DOCTRINA APLICABLE
Jurisprudencia relevante
Selección de resoluciones recientes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional con incidencia directa en la defensa de cargos públicos y funcionarios.
El Tribunal Constitucional anula una condena por prevaricación por vulneración del derecho a la legalidad penal: la condena no puede basarse en una interpretación imprevisible del tipo. Límite esencial frente a la expansión del art. 404 CP.
El error administrativo no es prevaricación. Sin arbitrariedad manifiesta y dolosa, la discrepancia con una resolución se ventila en el contencioso-administrativo, no en el proceso penal.
Malversación: el ánimo de lucro se identifica con el «animus rem sibi habendi» y no exige enriquecimiento; basta querer tener los fondos bajo el propio dominio. Los caudales son públicos desde que están destinados al erario, sin necesidad de ingreso efectivo.
PREGUNTAS FRECUENTES
Sobre este tipo de procedimientos
¿Qué riesgo real tiene un funcionario investigado?
Además de la posible pena de prisión, la pena determinante es la inhabilitación —especial o absoluta—, que supone la pérdida del cargo y puede truncar la carrera administrativa. La defensa se diseña atendiendo a ambos frentes, y también a la responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas cuando hay fondos públicos implicados.
He recibido una citación de Fiscalía o del Juzgado, ¿qué hago?
No declare sin preparación. Conviene analizar el expediente administrativo completo antes de la primera comparecencia, porque condiciona todo el procedimiento. Intervenimos desde las diligencias de investigación de Fiscalía.
¿Toda irregularidad administrativa es delito?
No. La prevaricación exige una resolución arbitraria dictada a sabiendas de su injusticia. Los errores, las interpretaciones discutibles y las discrepancias técnicas pertenecen al ámbito contencioso-administrativo. Buena parte de las defensas consisten en demostrar precisamente eso.
¿Cómo es la primera consulta?
Con cita previa, presencial en el despacho de la calle Espíritu Santo o por videoconferencia. Tiene un coste fijo que se descuenta del presupuesto si finalmente se nos encarga la defensa. Duración aproximada: 60-90 minutos, con valoración inicial por escrito.
¿Cómo son los honorarios?
Trabajamos con presupuesto cerrado por fases del procedimiento, comunicado por escrito antes de asumir la defensa. Existe posibilidad de fraccionamiento en función del asunto.
TITULAR DEL DESPACHO
José Luis Álvarez Ustarroz
Abogado penalista — fundador del despacho
Licenciado en Derecho con Máster en Asesoría Fiscal. Funcionario de carrera del Estado en excedencia. Ha desempeñado responsabilidades públicas como Alcalde de Majadahonda y Director General en la Comunidad de Madrid. Más de diez años de ejercicio en derecho penal, con especialización en penal económico, delitos contra la Administración Pública y procedimientos con componente internacional.
No toda irregularidad administrativa es delito. Si ha recibido una citación o tiene conocimiento de una denuncia relacionada con su actuación pública, el momento de preparar la defensa es ahora: el expediente administrativo se analiza antes de la primera declaración. Primera consulta con cita previa, presencial o por videoconferencia.