Han usado mi cuenta para una estafa: ¿qué me puede pasar?

Las estafas informáticas —el phishing, las falsas ofertas de empleo, los fraudes en la contratación a distancia— se han convertido en una de las formas más frecuentes de delincuencia patrimonial en España. En casi todas ellas aparece la misma figura: un particular que recibe en su cuenta bancaria el dinero procedente del fraude y lo reenvía a terceros, normalmente al extranjero. La práctica judicial denomina a esta figura «mula bancaria», y quien la ha encarnado —a menudo sin saberlo— suele conocer la existencia del procedimiento por una citación como investigado, por el bloqueo de su cuenta o por una llamada de la Policía.

Esta conducta puede recibir tres calificaciones penales: estafa informática en concepto de cooperador necesario (arts. 248.2 y 249 CP, con penas de hasta 3 años de prisión), blanqueo de capitales doloso (art. 301.1, hasta 6 años) o blanqueo por imprudencia grave (art. 301.3, de 6 meses a 2 años). Ahora bien, no toda cesión de cuenta termina en condena: el Tribunal Supremo ha absuelto cuando no quedó probado que el acusado conociera —ni tuviera por qué sospechar— el origen delictivo del dinero (STS 830/2016, de 3 de noviembre). Este artículo expone, con la jurisprudencia en la mano, dónde está la frontera.

La condición de investigado no equivale a la de culpable, ni siquiera a la de acusado. Es la posición procesal de quien va a ser oído por el juzgado con plenas garantías: asistido de abogado, informado de los hechos que se le atribuyen y con derecho a no declarar. Con frecuencia, la citación es la primera noticia que el afectado tiene de que existe un procedimiento.

Conviene entender por qué la investigación se dirige contra el titular de la cuenta. En esta clase de fraudes, el autor material —quien obtuvo las claves de la víctima o la indujo a transferir— opera habitualmente desde el extranjero y resulta inidentificable. El dinero, en cambio, deja rastro documental: consta la cuenta española en la que ingresó, y esa cuenta tiene un titular con nombre y apellidos. En la fase inicial del procedimiento, ese titular es la única persona identificada de toda la trama.

La instrucción tiene precisamente por objeto deslindar la posición del intermediario de la del defraudador. Y todo el enjuiciamiento gravita sobre un único elemento: no la transferencia —hecho objetivo y normalmente indiscutido—, sino el elemento subjetivo: qué conocía el titular de la cuenta, o qué debió sospechar, cuando el dinero entró y salió de ella.

La acusación se moverá entre tres calificaciones, de mayor a menor gravedad. La diferencia entre ellas no reside en la conducta externa —recibir y reenviar—, que es idéntica en los tres casos, sino en el grado de conocimiento que pueda probarse:

Respecto de la primera calificación, el Tribunal Supremo ha explicado por qué la aportación de la cuenta no es un acto accesorio: abrir una cuenta corriente con el exclusivo objeto de ingresar el dinero del que se desapodera a la víctima «encierra un hecho decisivo para la consumación del delito de estafa» (STS 845/2014, de 2 de diciembre). Al autor del fraude no le basta con disponer de las claves de la víctima; necesita una cuenta de destino que no levante sospechas.

Respecto de la tercera —la más frecuente en la práctica—, debe subrayarse que el blanqueo imprudente es un delito común: puede cometerlo cualquier ciudadano, sin necesidad de ostentar posición profesional alguna (STS 506/2015, de 27 de julio). Por ello, la alegación de simple desconocimiento no cierra el debate: la cuestión pasa a ser si ese desconocimiento resultaba o no excusable conforme al deber de cuidado exigible a cualquier persona en la misma situación.

Es la cuestión central de todos estos procedimientos, y la respuesta exige distinguir dos planos.

El primero es el de la ignorancia deliberada, construcción a la que la acusación recurre de forma sistemática: quien se coloca voluntariamente en situación de no querer saber, y pese a ello presta su colaboración, respondería como si hubiera sabido. Su utilidad para la acusación es evidente, pues le exime de probar el extremo más difícil: el conocimiento efectivo.

El segundo plano es el de sus límites, que la jurisprudencia ha ido marcando con precisión. La ignorancia deliberada no opera como un automatismo: es necesario que el acusado haya podido representarse que el dinero procedía de un delito, no simplemente que la operación presentaba alguna anomalía. Una transferencia inusual admite explicaciones —una irregularidad fiscal, la elusión de controles de capitales— que no son constitutivas de estafa, y la sospecha de una mera irregularidad no equivale a la sospecha de un hecho delictivo. Sobre esa distinción, trazada expresamente por el Tribunal Supremo en la STS 830/2016, se han construido varias absoluciones.

En esa línea, los tribunales han absuelto de manera reiterada a personas captadas mediante falsas ofertas de empleo cuando la oferta presentaba apariencia de seriedad —correspondencia comercial, contrato, referencias a condiciones fiscales— y la ganancia obtenida fue puntual y de escasa entidad. La fórmula empleada por alguna resolución resulta expresiva: entre el simple descuido y la imprudencia grave que exige el artículo 301.3 media un trecho «que no lo salva la prueba practicada». No es un matiz menor: la imprudencia leve es atípica, de modo que si el descuido no alcanza la gravedad que el precepto reclama, no hay delito.

En el plano probatorio, la documentación de la captación —el anuncio de empleo, los correos, los mensajes de la supuesta empresa— constituye la principal prueba de descargo: acredita la apariencia de licitud que el acusado tenía ante sí cuando aceptó el encargo.

Dos sentencias de la Sala Segunda delimitan el estándar y merecen exposición detenida, porque describen supuestos idénticos a los que llegan a diario a los juzgados de instrucción.

La primera es la STS 830/2016, de 3 de noviembre. Un hombre en situación de desempleo respondió a una oferta de trabajo de una supuesta empresa extranjera. Siguiendo sus instrucciones, abrió una cuenta, recibió en ella 1.029 euros procedentes de una cuenta alemana y los remitió por Western Union a Kiev, reteniendo 69 euros de comisión. La Audiencia Provincial lo condenó por blanqueo imprudente; el Supremo casó la sentencia y lo absolvió. Los argumentos son un catálogo de los factores que excluyen la imprudencia grave: no era exigible al acusado una indagación «detectivesca» sobre el origen del dinero; la oferta presentaba apariencia de rigor; la cantidad manejada y el beneficio obtenido eran reducidos; y resultaba incoherente reprochar al particular una cautela que la propia entidad bancaria interviniente no desplegó.

La segunda es la STS 383/2019, de 23 de julio. La acusada había abierto una cuenta a petición de su pareja, que no podía hacerlo por su condición de extranjero. El Supremo fijó el listón de la imprudencia grave en términos exigentes: solo cabe apreciarla cuando «el ciudadano más despreocupado» hubiera sospechado de la ilicitud de la propuesta. No siendo así, procede la absolución.

El cuadro quedaría incompleto sin la otra cara. Las condenas existen y son numerosas, y el propio Supremo ha confirmado penas severas cuando lo enjuiciado no era la colaboración aislada de un particular engañado, sino la integración en estructuras organizadas que llegan a abrir decenas o cientos de cuentas (STS 291/2021, de 7 de abril). La frontera entre uno y otro escenario se traza con los elementos que se examinan a continuación.

Del examen conjunto de las resoluciones —tanto absolutorias como condenatorias— pueden extraerse los criterios que, de forma recurrente, deciden estos procedimientos:

• La entidad de la comisión y su proporción. Una retribución puntual y exigua (69 euros en la STS 830/2016) apunta a un instrumento engañado; retribuciones elevadas y desproporcionadas con el servicio prestado han fundado condenas por dolo eventual.
• La verosimilitud del encargo. No merece el mismo juicio una oferta de empleo con correspondencia, contrato y apariencia fiscal que la petición de un desconocido de entregar la tarjeta y las claves a cambio de dinero.
• El carácter aislado o reiterado de la operación. La operación única es compatible con el error; la reiteración, la pluralidad de cuentas o los sucesivos encargos lo van excluyendo.
• Las circunstancias personales del acusado. El Supremo ha valorado expresamente la situación de desempleo, el nivel formativo y el contexto económico: el deber de cuidado se mide sobre el acusado concreto, no sobre un experto financiero ideal.
• La pasividad de la entidad bancaria. Si el banco, con sus sistemas de prevención, no detectó la operación como sospechosa, difícilmente puede sostenerse que el particular debiera haberla detectado.
• La conducta posterior al descubrimiento. La colaboración, la explicación coherente y la conservación de los mensajes de la captación obran a favor del investigado; la desaparición, el borrado de conversaciones o los cambios de versión, en contra.

Ninguno de estos elementos es por sí solo decisivo; los tribunales los ponderan en conjunto. Pero la experiencia enseña que el resultado del procedimiento se anticipa, en buena medida, repasando esta lista con honestidad.

El análisis penal no agota el problema. Existen dos consecuencias económicas que conviene conocer desde el primer momento, porque condicionan la estrategia de defensa.

La primera: la absolución penal no siempre cierra el frente civil. El artículo 122 del Código Penal obliga a restituir a quien, sin haber cometido el delito, se ha beneficiado de sus efectos a título lucrativo. El Tribunal Supremo lo aplicó en la STS 1004/2022, de 28 de diciembre: absolvió a dos acusados del delito de estafa y, no obstante, mantuvo su obligación de devolver las cantidades que habían percibido.

La segunda: en caso de condena, la responsabilidad civil puede no limitarse a la comisión retenida. En la STS 834/2012, de 25 de octubre, la condenada había hecho suyo únicamente un porcentaje reducido; el Supremo declaró que debía responder de la totalidad del dinero de la víctima que transitó por su cuenta, por cuanto intervino «en el blanqueo de todo el dinero que es sustraído a la víctima».

De ahí que la defensa deba plantearse de forma conjunta en los dos planos. La restitución temprana de lo percibido, la consignación judicial o el acuerdo con las acusaciones son decisiones que, correctamente adoptadas, mejoran sustancialmente el resultado; adoptadas a destiempo o sin asesoramiento, pueden perjudicarlo.

Para quien ha recibido una citación como investigado por hechos de esta naturaleza, la experiencia permite formular seis recomendaciones:

1. No declarar sin haber preparado la declaración. La declaración del investigado es un acto de defensa, no un trámite, y condiciona el resto del procedimiento. Sobre la decisión de declarar o guardar silencio puede consultarse el análisis publicado en este blog: ¿Declaro o no declaro? El derecho a guardar silencio.
2. No borrar ninguna comunicación. El anuncio de la oferta, los correos y los mensajes de la supuesta empresa constituyen la principal prueba de descargo. Su destrucción, además de privar a la defensa de su mejor material, admite una lectura incriminatoria.
3. Reunir el rastro documental completo de la captación: anuncio, correspondencia, contrato si lo hubo, justificantes de las transferencias y extractos bancarios.
4. No disponer del dinero que permanezca en la cuenta y valorar su consignación judicial, que es la manifestación más elocuente de la ausencia de ánimo de lucro.
5. Abstenerse de dar explicaciones informales a la entidad bancaria o a la Policía sin asistencia letrada. Las manifestaciones espontáneas quedan documentadas y su rectificación posterior resulta costosa.
6. Procurar asesoramiento antes de la declaración, no después. El margen de actuación de la defensa se reduce con cada trámite consumado.

PREGUNTAS FRECUENTES

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