Combinamos una dilatada experiencia en delitos como como el hurto, el robo, la estafa, la apropiación indebida, la administración desleal, los daños, la usurpación o las insolvencias punibles
Abogado Penalista experto en Delitos contra la el patrimonio: hurto, robo, estafa, extorsión, apropiación indebida, administración desleal, daños, usurpación o insolvencias punibles
Los delitos contra el patrimonio, regulados en el Título XIII del Código Penal, protegen uno de los bienes jurídicos esenciales en nuestro ordenamiento: la propiedad y el patrimonio de las personas físicas y jurídicas.
Incluyen conductas como el hurto, el robo con fuerza, el robo con violencia o intimidación, la extorsión, la usurpación de inmuebles, la estafa, la apropiación indebida, los daños o las defraudaciones de fluido eléctrico, entre otros.
En estos procedimientos se analizan cuestiones nucleares del Derecho penal como:
La existencia de un desapoderamiento ilegítimo.
La utilización de violencia, fuerza o engaño bastante.
La realidad y cuantificación del perjuicio económico.
La concurrencia del ánimo de lucro.
No todo conflicto económico es delito. No todo impago es estafa. No toda ocupación constituye usurpación penal. La correcta delimitación entre infracción administrativa, controversia civil y conducta penalmente relevante resulta determinante para el resultado del procedimiento.
Además, muchos de estos delitos pueden conllevar:
Penas de prisión.
Agravaciones por valor de lo sustraído o por circunstancias específicas.
Responsabilidad civil relevante.
Antecedentes penales con impacto personal y profesional.
La estrategia procesal desde la fase inicial —declaración policial o judicial, solicitud de diligencias, impugnación de prueba, negociación de conformidades— puede marcar la diferencia entre una absolución, una condena o una pena que evite el ingreso en prisión.
En Álvarez Ustarroz Abogados asumimos la defensa en delitos patrimoniales con un enfoque técnico y procesal, analizando si concurren todos los elementos del tipo penal y si existe prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia.
¿Qué delitos incluye el Título XIII del Código Penal?
Defendemos procedimientos relacionados, entre otros, con:
Hurto.
Robo con fuerza.
Robo con violencia o intimidación.
Estafa.
Apropiación indebida.
Administración desleal.
Defraudaciones.
Daños.
Usurpación de bienes inmuebles.
Extorsión.
Alzamiento de bienes y frustración de la ejecución.
Insolvencias punibles.
Muchos de estos delitos exigen un análisis técnico detallado: delimitación entre ilícito civil y penal, existencia de ánimo de lucro, interpretación de contratos, valoración de prueba documental y pericial contable o la determinación del perjuicio económico.
En muchos de estos delitos el análisis técnico resulta determinante: delimitación entre ilícito civil y penal, interpretación contractual, valoración de prueba documental y pericial contable, determinación del perjuicio y, especialmente, acreditación del ánimo de lucro, elemento esencial en gran parte de los delitos patrimoniales.
Riesgos penales en los delitos patrimoniales
Las consecuencias pueden ser especialmente relevantes:
Penas de prisión.
Multas proporcionales al perjuicio causado.
Responsabilidad civil por la totalidad del daño.
Embargos y medidas cautelares reales.
Inhabilitación para administrar bienes o ejercer cargos societarios.
Antecedentes penales.
Responsabilidad penal de la persona jurídica.
En procedimientos que afectan a administradores o empresarios, además del riesgo penal existe un impacto reputacional y societario que debe gestionarse estratégicamente desde el inicio.
Nuestra forma de actuar
1. Análisis del tipo penal y del ánimo de lucro
Para que exista condena en la mayoría de delitos patrimoniales debe probarse el ánimo de lucro. No basta con la existencia de un conflicto económico o un incumplimiento contractual.
Analizamos si realmente concurren todos los elementos del tipo penal o si nos encontramos ante una controversia civil o mercantil indebidamente trasladada al ámbito penal.
2. Estudio de la prueba y presunción de inocencia
Examinamos si existe prueba de cargo suficiente, válida y lícita para enervar la presunción de inocencia.
La carga de la prueba corresponde a la acusación. Si no existe prueba bastante sobre la autoría, el perjuicio o el ánimo de lucro, la estrategia debe orientarse a obtener la absolución.
3. Diseño de la estrategia procesal
Cada procedimiento exige una estrategia específica:
Orientación a la absolución, cuando la tipicidad o la prueba resultan insuficientes.
Defensa dirigida a obtener la pena más favorable posible para el cliente.
En determinados casos, si defendemos al acusado, puede resultar estratégicamente conveniente negociar una conformidad con una pena baja que evite el ingreso en prisión y reduzca el impacto personal y profesional del procedimiento.
Si actuamos como acusación particular, diseñamos la estrategia para lograr una condena sólida y la máxima reparación del perjuicio.
¿Cuándo debe consultar con un abogado?
Es recomendable solicitar asesoramiento inmediato si:
Ha recibido una citación judicial o policial.
Está siendo investigado o acusado por hurto, robo con fuerza, robo con violencia o intimidación, extorsión o robo y hurto de uso de vehículos.
Ha sido denunciado por estafa, incluida estafa informática, apropiación indebida o administración desleal.
Se le atribuyen defraudaciones de fluido eléctrico o análogas.
Se le imputan daños, incluidos daños informáticos.
Existe una acusación por usurpación de inmueble.
Se le atribuye un alzamiento de bienes, frustración de la ejecución o un delito de insolvencia punible.
Existe un conflicto entre socios con posible derivación penal.
Ha sufrido un perjuicio patrimonial relevante y desea ejercer acciones penales.
La frontera entre el incumplimiento civil y el delito penal no siempre es evidente. Una intervención técnica desde el inicio puede evitar una imputación formal o una acusación desproporcionada.
Más de 10 años de experiencia
Contamos con más de diez años de experiencia en Derecho penal económico y patrimonial, habiendo intervenido en numerosas investigaciones y juicios por delitos del Título XIII del Código Penal.
Ofrecemos contacto permanente y directo con el abogado responsable de su caso, sin intermediarios. Creemos en un modelo de despacho boutique: trato muy personal, estudio individualizado de cada procedimiento y absoluta implicación en la defensa.
Garantizamos confidencialidad, disponibilidad y compromiso real con los intereses de nuestros clientes. En procedimientos penales, la confianza y la comunicación constante no son un complemento, sino una necesidad.
Si necesita un abogado especializado en delitos contra el patrimonio en Madrid o en cualquier punto de España, podemos estudiar su caso con la máxima discreción y rigor jurídico.