Abogado penalista en delitos graves: homicidio, lesiones, tráfico de drogas, detenciones ilegales y atentado a la autoridad

Se trata de delitos con penas elevadas, frecuente solicitud de prisión provisional y procedimientos técnicamente complejos. La estrategia de defensa debe diseñarse desde el primer momento, especialmente en la fase de declaración policial o judicial.

Trabajamos habitualmente en los siguientes delitos:

Homicidio (art. 138 CP)

El homicidio castiga al que matare a otro con pena de prisión de 10 a 15 años.

En estos procedimientos es esencial analizar:

• La existencia real de dolo.

• Si puede tratarse de homicidio imprudente.

• La posible concurrencia de legítima defensa.

• Atenuantes como arrebato, confesión o reparación del daño.

• La correcta valoración de la prueba pericial forense.

En muchos casos la discusión jurídica se centra en la calificación de los hechos y en la existencia o no de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.

Asesinato (art. 139 CP)

Existe asesinato cuando el homicidio concurre con alevosía, ensañamiento o precio, recompensa o promesa.

La diferencia entre homicidio y asesinato es determinante, ya que la pena puede alcanzar los 25 años de prisión o incluso la prisión permanente revisable en supuestos agravados.

La defensa técnica suele centrarse en cuestionar la concurrencia de las circunstancias cualificadoras.

Delito de lesiones (arts. 147 y ss. CP)

El delito de lesiones exige que la lesión precise tratamiento médico o quirúrgico, no bastando una primera asistencia facultativa.

La experiencia demuestra que en muchos procedimientos:

• Se discute si realmente existió tratamiento médico.

• Se cuestiona la relación de causalidad.

• Puede existir riña mutuamente aceptada.

• Procede alegar legítima defensa.

• Es relevante el informe médico-forense.

En lesiones agravadas (uso de armas, deformidad, pérdida de órgano, etc.) las penas se incrementan notablemente.

Tráfico de drogas (art. 368 CP)

Defendemos procedimientos por cultivo, elaboración o tráfico de sustancias estupefacientes.

En este tipo de asuntos el análisis técnico es fundamental:

• Cantidad intervenida.

• Tipo de sustancia.

• Destino al autoconsumo.

• Existencia real de ánimo de traficar.

• Legalidad del registro domiciliario.

• Cadena de custodia de la sustancia.

Muchos procedimientos dependen de la validez de la intervención policial y del análisis químico de la sustancia.

Detención ilegal (art. 163 CP)

Se imputa cuando se priva a una persona de su libertad sin causa legal.

La duración de la privación de libertad influye directamente en la pena.

En la práctica es esencial examinar:

• Si existió realmente una privación efectiva de libertad.

• Si hubo consentimiento.

• La prueba testifical disponible.

• La coherencia del relato de la persona denunciante.

Secuestro (art. 164 CP)

Existe cuando la detención ilegal se realiza exigiendo una condición para la liberación.

Son procedimientos de especial gravedad que exigen una estrategia técnica rigurosa desde la fase de instrucción.

Atentado a la autoridad (art. 550 CP)

Se imputa cuando existe agresión, fuerza o intimidación grave contra autoridad o agente en el ejercicio de sus funciones.

En estos asuntos es frecuente que la prueba se base principalmente en el atestado policial.

La defensa debe analizar:

• Proporcionalidad de la actuación policial.

• Existencia de grabaciones.

• Testigos.

• Posibles contradicciones.

Resistencia y desobediencia (art. 556 CP)

No toda discusión o tensión en una intervención policial constituye delito.

La jurisprudencia exige que la resistencia sea grave y activa para integrar el tipo penal.

Es habitual que estos procedimientos requieran un análisis detallado de la intensidad de la conducta y del contexto en el que se produce.