Combinamos un profundo conocimiento del funcionamiento de la Administración Pública con una sólida experiencia en Derecho penal para ofrecer una defensa técnica y eficaz desde la fase de investigación —judicial o fiscal— hasta el juicio oral.
Abogado Penalista experto en Delitos contra la Administración Pública y Urbanismo en Madrid
La defensa en delitos contra la Administración Pública, así como en los delitos vinculados a la ordenación del territorio y el medio ambiente, exige no solo un conocimiento técnico del Derecho penal y del Derecho administrativo, sino una comprensión real del funcionamiento interno de las Administraciones Públicas.
El titular de Álvarez Ustarroz Abogados es funcionario de carrera del Estado en excedencia y ha desempeñado responsabilidades relevantes en la Administración local y autonómica. Esa experiencia directa en la gestión pública permite abordar cada procedimiento con una perspectiva completa: jurídica, institucional y estratégica. Conocemos cómo se adoptan las decisiones administrativas, cómo se tramitan los expedientes y dónde se sitúa la frontera entre la irregularidad administrativa y el ilícito penal.
Defendemos a funcionarios, autoridades y responsables políticos en procedimientos penales derivados del ejercicio de su cargo, así como a técnicos, empleados públicos y particulares vinculados a la gestión administrativa o a actuaciones urbanísticas y medioambientales.
Si ha recibido una citación judicial o de Fiscalía, o tiene conocimiento de una denuncia relacionada con su actuación en la Administración, es fundamental analizar el asunto desde el primer momento y definir una estrategia sólida. Del mismo modo, si desea formular denuncia o querella por un posible ilícito penal relacionado con la gestión pública, contratación administrativa, urbanismo o medio ambiente, le asesoramos sobre la viabilidad jurídica y la mejor vía procesal.
Estudiamos cada asunto con rigor técnico, absoluta confidencialidad y visión estratégica integral, valorando tanto las implicaciones penales como las administrativas y reputacionales.
Áreas de actuación en materia de delitos contra la administración pública.
Intervenimos tanto en los delitos previstos en el Título XIX del Código Penal (delitos contra la Administración Pública), como en delitos del Título XVI del Código Penal, relativos a la ordenación del territorio y al medio ambiente, que con frecuencia afectan a responsables públicos, técnicos municipales y promotores.
Se trata de procedimientos complejos, con elevada carga técnica y frecuente repercusión pública.
- Prevaricación administrativa
Defensa en procedimientos por resoluciones presuntamente arbitrarias dictadas por autoridad o funcionario público.
- Cohecho
Asesoramiento y defensa en supuestos de ofrecimiento, solicitud o aceptación de dádivas en el ejercicio del cargo.
- Malversación de caudales públicos
Procedimientos relacionados con la gestión indebida de fondos públicos, subvenciones o presupuestos administrativos.
- Tráfico de influencias
Defensa ante acusaciones por presunto aprovechamiento de posición o relaciones institucionales.
- Fraude y exacciones ilegales
Asuntos relacionados con contratación pública, adjudicaciones y procedimientos administrativos.
- Negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios
Procedimientos derivados de incompatibilidades o conflictos de interés.
- Infidelidad en la custodia de documentos
Defensa en supuestos de destrucción, alteración o acceso indebido a documentos oficiales o información reservada.
- Delitos contra la ordenación del territorio
Procedimientos relacionados con licencias urbanísticas, planeamiento, construcciones en suelo no urbanizable o actuaciones presuntamente contrarias a la normativa urbanística.
- Delitos contra el medio ambiente
Defensa en investigaciones por vertidos, emisiones, gestión de residuos, contaminación o infracción de normativa ambiental.
Estos procedimientos exigen una defensa técnica que combine conocimientos penales, urbanísticos y medioambientales, así como el análisis de informes periciales técnicos.
Nuestros servicios en delitos contra la Administración Pública
Asumimos la defensa en todas las fases del procedimiento penal:
- Asistencia en fase de investigación (instrucción)
- Declaraciones ante Juzgado o Fiscalía
- Diseño de estrategia procesal desde el inicio
- Recursos contra medidas cautelares
- Defensa en juicio oral
- Recursos ante Audiencias Provinciales y Tribunal Supremo
Riesgos en este tipo de procedimientos
Las consecuencias pueden ser especialmente graves:
- Penas de prisión
- Multas elevadas
- Inhabilitación especial o absoluta
- Pérdida del cargo público
- Responsabilidad civil
- Clausura o demolición de obras (en delitos urbanísticos)
- Daño reputacional significativo
- Repercusión mediática
En procedimientos con impacto público, contamos con colaboradores especializados en comunicación y gestión de crisis reputacional (prensa y medios de comunicación), cuando la estrategia global del caso así lo requiere.
Nuestra forma de trabajar
- Análisis técnico desde la perspectiva administrativa
La defensa comienza por comprender el procedimiento administrativo en profundidad:
- Normativa aplicable
- Fases del procedimiento
- Informes jurídicos y técnicos
- Competencias del órgano que dictó la resolución
- Existencia o no de discrecionalidad técnica
No todo incumplimiento administrativo constituye delito.
Muchas investigaciones penales surgen de irregularidades que pertenecen exclusivamente al ámbito administrativo. Identificar esa frontera es clave.
- Estrategia procesal temprana
Intervenir desde el inicio permite orientar la instrucción, proponer diligencias favorables y evitar decisiones procesales perjudiciales.
- Defensa técnica en juicio
La defensa en estos procedimientos exige dominar tanto el Derecho penal como el Derecho administrativo, urbanístico y medioambiental, así como la práctica de prueba pericial técnica.
Más de 10 años de experiencia en Derecho penal y profundo conocimiento en gestión pública.
Contamos con más de 10 años de experiencia en procedimientos penales complejos.
El titular del despacho es funcionario del Estado en excedencia y ha desempeñado diversos cargos en la Administración local y regional, lo que le proporciona un conocimiento directo y real del funcionamiento interno de la Administración Pública, sus procedimientos y sus tiempos.
Esa experiencia permite:
- Analizar correctamente la legalidad administrativa previa
- Detectar cuándo existe margen de discrecionalidad
- Diferenciar irregularidad administrativa de ilícito penal
Diseñar una defensa coherente con la realidad del procedimiento